01 enero 2017

Familias unidas contra el cobrador del frac

Los periodos de dificultades económicas son propicios para que prestamistas sin escrúpulos ejerzan su actividad: embarullar mediante contratos opacos y tipos de interés abusivos a sus víctimas, personas dispuestas a firmar casi cualquier papel para salir de una situación difícil. Los usureros del siglo XXI dirigen casi siempre sus esfuerzos a quedarse con la única posesión de valor que suele quedar a las familias cuando lo han perdido todo: su piso.
El Consejo de Ministros lo sabe, y por eso aprobó el mes pasado la remisión a las Cortes de un proyecto de ley que regula la concesión de créditos y de préstamos hipotecarios por las empresas que no son entidades financieras, así como los servicios de intermediación o reunificación de deudas.

Con la nueva norma, el Gobierno de España trata de proteger los derechos de los consumidores: persigue evitar falsos anuncios de créditos milagrosos y en condiciones financieras irresistibles.Además, la medida aportará seguridad jurídica a las sociedades que desarrollen su trabajo en ese campo y no tengan nada que esconder.
Transparencia e información son las dos garantías que persigue aportar el Gobierno, que obligará a estas empresas a inscribirse en un registro público estatal. La norma también regulará la transparencia en los contratos, en la publicidad, en el tipo de interés aplicado y en el precio total incluyendo comisiones y gastos.
El Ejecutivo pretende, en definitiva, proteger al consumidor asegurándole un conocimiento pleno de lo que firma, y el derecho a desistir en 14 días desde firmado el contrato.

Tanto el Gobierno central como las administraciones autonómicas reconocen que la normativa actual no es suficiente, un criterio compartido por Aitor Ibarra, abogado de Afines (Asociación Financiera de Estafados y otras prácticas capciosas), que remitió a todos los grupos políticos del Congreso el manifiesto Los diez mandamientos contra la usura.
Ibarra se ocupa de los casos de más de 50 personas presuntamente estafadas por prestamistas privados en España, una decena de ellos en Bilbao. Afines pretende «conseguir una regulación de los prestamistas privados», una actividad que califican de «legítima, pero no en todos los casos», por lo que es necesario que se someta al imperio de la ley.

Ibarra reconoce que la usura es un concepto «difícil de demostrar ante un tribunal», aunque una buena guía para descubrirla es que vaya unida «al concepto de necesidad»; es decir, a partir de un tipo de interés «del 20% o 25% se puede considerar usura, pero siempre que ese dinero no vaya destinado a invertirse en bolsa en una acción especulativa, por ejemplo», indica.
El cliente medio de Ibarra tiene los circuitos de financiación habitual (bancos y cajas de ahorros) restringidos, algo común a todas las personas que aparecen en los registros de morosos como el RAI (Registro de Activos Impagados) o el Asnef. «Se ven obligadas a dirigirse a prestamistas privados, que se ocupan de estos casos difíciles, pero no siempre son negocios limpios», subraya el abogado.

Anuncios en prensa, carteles, publicidad callejera y el boca a oreja son los canales de captación de estos prestamistas, que «recurren a contratos engañosos y dejan las condiciones de préstamo muy poco claras, muchas veces con periodos de vencimiento de 30, 60 y 90 días», indica el abogado. «¿Y si una persona no puede hacer frente a sus deudas hoy, qué le hace pensar que podrá pagarlas en uno, dos o tres meses?», se pregunta. «El interés no sólo es tan desorbitado que llega a superar el 100%, sino que además es engañoso», remarca.

Incautos que, según su abogado, «se meten en la boca del lobo, porque si hoy deben 100, dentro de un mes van a deber 1.000, y así en una progresión geométrica». En última instancia, «el objetivo de estos prestamistas es quedarse con la vivienda, el único bien con el que pueden avalar el préstamo».
En un principio son deudas pequeñas, de unos pocos miles de euros, pero aumentan en muy poco tiempo por los periodos de vencimiento de las letras y con un objetivo claro: la vivienda, que deben presentar como aval.

Es el caso de una madre y una hija clientes de Ibarra, que se han visto inmersas en varios procesos judiciales contra dos prestamistas de las calles Ledesma y Gran Vía de Bilbao.
La hija arrastraba problemas económicos de un matrimonio anterior, y su madre le prestaba pequeñas cantidades mes a mes de los ahorros comunes con su marido. «Tuvimos que recurrir a un prestamista para que no se enterase mi esposo de que le cogíamos dinero, y fue lo peor que pudimos hacer», reconoce llorando.
Y es que tras una serie de vencimientos acelerados, condiciones poco claras e intereses abusivos, una deuda de 2.000 euros está a punto de dejarles sin casa. «Gracias a que encontramos esta asociación y el abogado interpuso la denuncia; si no, estamos en la calle», reconocen.

La Asociación Financiera de Estafados y otras prácticas Capciosas (Afines) tiene su sede en Madrid y proporciona defensa legal a las personas afectadas por prácticas de usura.
Sus miembros propugnan que la usura es un medio de esclavitud y defienden que la vivienda sea un bien inembargable.
Exigen que todas las personas que aparecen en los ficheros de morosidad de las entidades bancarias tengan derecho a una financiación alternativa.
Piden también que el Banco de España controle a los agentes financieros que operen en el territorio nacional, y que garantice que cumplen la ley vigente.

30 diciembre 2016

Ser cobrador del frac es delito

Andalucía aglutinó más de la mitad de las mitad del total de las consultas realizadas a la empresa de cobro de deudas 'El cobrador del frac' ante la existencia de impagos en las empresas, según indicó ayer el director comercial de dicha empresa, Juan Carlos Granda, quien apuntó que Andalucía «está mucho peor que la media española» en cuanto a impagos y morosidad empresarial.
En declaraciones a Europa Press, Granda indicó que en los últimos tres o cuatro meses «se han disparado un 30 por ciento las consultas de entidades y empresas interesadas en nuestros servicios y para otoño prevemos aún más actividad; esto va a más».

Reconoció que Andalucía «es una zona que está peor, pues ha sido donde más empresas se constituyeron y donde más pujanza tienen sectores ahora en crisis como la construcción».
Precisamente ayer se conocía que el número de sociedades mercantiles creadas en junio en Andalucía cayó un 34,2 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, hasta las 1.182 empresas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que precisó que el capital suscrito medio de estas sociedades fue de 56,6 millones de euros y el capital desembolsado de 43,5 millones de euros.

Así, Andalucía es la tercera región en creación de sociedades, tras Madrid, con 1.782 sociedades, y Cataluña, con 1.323 firmas.
«La comunidad andaluza siempre fue una zona conflictiva en cuanto a impagos y en los últimos las cifras de morosos se han disparado y hay más demanda de nuestros servicios», agregó el portavoz de 'El cobrador del frac', quien apuntó que este aumento de empresas morosas está obligando a aumentar la plantilla de esta empresa.

De esta manera, según aclaró «estamos contratando ahora sobre todos a cobradores en todas las delegaciones», lo que en Andalucía se traduce en que la cifra actual de 70 ó 80 trabajadores en las delegaciones de Sevilla y Málaga puede verse incrementada en otoño hasta el centenar de empleados.
Apuntó que los sectores empresariales donde se concentran más empresas 'morosas' son la construcción y sus subsectores auxiliares, ademas del sector textil o el transporte. Asimismo, apuntó que en el listado de empresas deudoras «hay de todo, empresas grandes y pequeñas».

«Antes éramos la última opción pero ahora somos la primera opción para muchas empresas que saben que el proceso judicial puede ser más largo y no están dispuestas a esperar tanto para cobrar sus deudas», añadió.
'El cobrador del frac', que tiene oficinas en Sevilla y Málaga, es una empresa especializada en el cobro de deudas para que exija el pago. Su método se basa en la 'persecución' del deudor. Los honorarios son proporcionales a la deuda que se debe cobrar y al tiempo que requieren sus agentes para que el crédito se solvente.

El importe de los efectos de comercio devueltos impagados ascendió en Andalucía a 291,5 millones de euros en junio, lo que supone un incremento del 126,3 por ciento en relación con el mismo mes del año anterior, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El organismo precisó que el número de efectos de comercio devueltos por impago ascendió a 60.061 durante este mes, lo que supone un incremento del 60,1 por ciento respecto al mismo mes de 2017.
Según el INE, el 6,5 por ciento de los efectos vencidos resultaron impagados.
En el mes de junio, del total del número de efectos de comercio impagados, 56.602 fueron efectos de comercio en cartera y 3.459 fueron efectos de comercio recibidos en gestión de cobro de clientes.

A nivel nacional, el importe de los efectos de comercio devueltos impagados ascendió a 1.820 durante el mes de junio, un 118 por ciento más en relación con el mismo mes de 2007, el dato más alto desde enero de 2002, cuando comenzó a registrarse esta serie.
Andalucía, con un 6,5 por ciento, fue una de las comunidades autónomas con mayor porcentaje de efectos de comercio impagados sobre vencidos junto a las Islas Canarias (8,4 por ciento) y la Comunida de Murcia (5,9 por ciento).
Por el contrario, las comunidades con menor porcentaje de efectos de comercio impagados sobre vencidos fueron Navarra y País Vasco, con un tres y un 3,3 por ciento, respectivamente.

28 diciembre 2016

Los pagos a plazos se resienten por la crisis

La crisis ronda las cabezas de todos los españoles cada día del año, y las dificultades económicas con las que más de uno ha de lidiar se empiezan a notar a la hora de pagar ciertos bienes cotidianos. Por ello, los efectos de comercio impagados han crecido un 43,39% en Castilla y León desde junio del año pasado hasta la misma fecha de este 2017, duplicando el importe de las adquisiciones no abonadas. Una situación que se ve igualmente reflejada a menor escala. Si se observan los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se comprueba que en Valladolid estas cifras aumentan en 1.226 en sólo un año.

El número de efectos impagados en la región se ha disparado en los últimos 12 meses. Así, de los 10.570 recibos sin cobrar que soportaban las entidades financieras hace un año, se ha pasado a los 15.156, lo que supone un incremento superior al 40%. Pero al mirar los datos en euros las cifras se vuelven aún más llamativas, ya que los 37.500.406 euros se han convertido en 75.470.290.37 millones de euros más, o lo que es lo mismo, una subida de más del doble (101,25%).

Por su parte, la provincia ha aportado más de 1.000 nuevos recibos de morosos a las cifras totales de la Comunidad, al pasar de 2.445 a 3.671 efectos de comercio en cartera impagados. Traducido a números, las cifras oscilan de los 12.329.245 euros en 2017 a los 14.436.581. Dos millones de euros más que bancos y cajas no han conseguido cobrar.

Los datos registrados en el resto de las provincias castellano y leonesas no son mucho mejores. Ávila aumenta el importe total de sus efectos impagados en un tanto por ciento similar a Valladolid: de 1.006.764 euros a 2.373.753. Burgos, por su parte, lo incrementa más aún en valor absoluto, al pasar de los 4.830.699 euros en 2007 a los 9.060.065 de este ejercicio. León tampoco se queda atrás y sube de 5.698.594 euros a 10.314.868. Palencia ha sido la provincia menos afectada por esta tendencia morosa: sólo aumenta de 1.117.117 a 1.787.802 euros.

Salamanca no corre tanta suerte y se convierte en la provincia en la que los impagos se han multiplicado por cinco en un solo año: de 5.487.232 euros a 27.493.757. Segovia, sin embargo no se aleja tanto de sus cifras anteriores y pasa de 1.880.617 a 2.544.249 euros. Soria, junto con Palencia, es la provincia que menos deudas presenta, a pesar de haber aumentado un poco sus recibos impagados desde el año pasado: de 864.577 a 1.797.422 euros.

Los datos nacionales no son mucho más esperanzadores. Los 179.621 efectos más impagados (se ha pasado de los 393.497 a los 573.118) suponen cerca de mil millones de euros más que los españoles han dejado de pagar después de haber decidido adquirir diferentes bienes de mayor o menor valor. De esta manera, los 833.790.491 euros de hace un año se han convertido en 1.820.382.013 euros.Un incremento que supone que estos impagos se multipliquen por más del doble en la nación (118,33%). Unas cifras con las que alguno se perderá si intenta hacer las conversiones correspondientes a las pesetas usadas hace menos de una década.

Los comercios de la provincia vallisoletana llevan ya meses notando los efectos de este parón adquisitivo, ya no sólo por la famosa crisis que hace que todos compren menos, sino porque a la hora de facilitar financiación a sus clientes las cosas se complican más de lo normal. Una solución ante la creciente morosidad de los compradores que han interpuesto los grupos financieros.

«Para dar financiación ahora se mira con lupa todo, sobre todo a los extranjeros, a los que cada vez se les piden más requisitos», apuntó la responsable de pequeños electrodomésticos y financiación de Urende, Maite Moráis. «Antes no eran tan exigentes, pero es que se nota que hay muchos más morosos y recibos devueltos», aseguró la trabajadora.
Y es que las financieras no se prestan a ayudar al prójimo «así como así» tal y como andan los tiempos. «La gente se recorre varias tiendas intentando que el dinero que no les prestan en una se lo presten en otra», apostilló Moráis. «Pero eso sí, cuando lo consiguen prefieren comprarse la mejor tele que hay, la peor lavadora y el frigorífico más cutre», ironizó la responsable de financiación de la empresa.

Esta situación se repite en Milar, donde el responsable de la tienda, Roberto Esteban, comentó que «desde luego, cuesta más que te financien» porque todo el mundo «quiere asegurarse los pagos y ya no saben cómo hacerlo». «Es que encima en los casos en los que te dan financiación a 12 meses sin intereses, estos grupos ya pierden suficiente como para arriesgarse a que luego no les paguen», añadió.
La financiera del Grupo Santander también apuntaba a estos motivos como los principales que hacen que los préstamos se hayan endurecido, «pero es que los impagos han aumentado bastante», aseguraron fuentes de la entidad. «Donde antes recibíamos 100 llamadas por quejas de este tipo ahora tenemos 300», comentaron.

En Sony Gallery este tipo de gestiones también están bajando debido a estas exigencias, y donde antes «había 10 aceptadas hasta hace poco se daban cuatro», apuntó la trabajadora Esther Torres. «Aunque parece que en el último mes y medio estamos recuperándonos un poco porque de las cuatro de hace medio año hemos pasado de nuevo a las seis tramitaciones pasadas», aclaró.

26 diciembre 2016

Cada vez hay más morosos y menos créditos.

La crisis o la desaceleración profunda provoca un deterioro del mercado de trabajo, fundamentalmente en la construcción y los servicios -los dos sectores clave de la Comunidad Valenciana-, ello lleva a una vertiginosa destrucción del empleo y por tanto, a un incremento del número de parados, provocando un repunte de las tasas de morosidad en bancos y cajas.

Esta cadena del ciclo económico, además de otros factores adyacentes, ha emborronado las cuentas de resultados de las dos principales cajas de ahorros autonómicas: Caja Maditerráneo (CAM) y Bancaja han visto cómo el alza de los impagos ha reducido sus ingresos hasta junio en 273 millones y 284 millones respectivamente, según consta en las memorias del primer semestre de ambas entidades. Estas cantidades, contabilizadas como pérdidas por el deterioro de los activos, registran aquellas provisiones concretas que es necesario consignar para cubrir activos dudosos.

Los 557 millones arañados por la morosidad en su gran parte, quedan lejos de los 366 millones que las cajas presididas por Vicente Sala y José Luis Olivas reservaron para dar cobertura a los créditos impagados en los seis primeros meses de 2017 -163 y 203 millones-. El aumento del 52% en estas provisiones evidencia el castigo que la morosidad está sometiendo a las operaciones crediticias de CAM y Bancaja, que a 30 de junio de 2008 han ganado 187,08 y 230,5 millones respectivamente, un 7 y un 8% más respecto al periodo del ejercicio anterior.

Pero la escalada de los impagos se extiende en todo el sector.Las cajas valencianas sufren la caída de la calidad de sus activos como el resto de entidades. La Caixa y Caja Madrid tocan ya niveles de morosidad del 1,26% y del 1,89%, registros casi impensables en junio de 2007, antes del inicio de la crisis financiera mundial.La CAM tiene un índice de mora (dato que representa la proporción que tienen los préstamos morosos en el conjunto de los créditos) del 1,69%, frente al 0,96% registrado en el primer semestre de 2017, es decir, un incremento del 0,73%.

Por su parte, la subida en Bancaja ha sido más pronunciada. La morosidad alcanzó el 1,82%, cuando un año antes esta ratio se quedaba tan sólo en el 0,57%.Como consecuencia, los índices de cobertura frente a la cascada de impagos también se han desplomado: del 199,9% al 50,6% en la CAM, y del 329,3% al 111,87% en Bancaja.

La actual coyuntura morosa no tiene visos de relajarse a corto plazo. De hecho, las dos cajas admiten en sus informes semestrales que la morosidad mantendrá su tendencia alcista en los próximos meses.
Caja Mediterráneo prevé una ligera moderación en el crecimiento de los resultados en el segundo semestre del año por el repunte de las tasas de morosidad y el incremento de los costes de financiación.Ello obligará a seguir en una «gestión prudencial y predecible del riesgo, intensificando los procesos de recobro y seguimiento de riesgos dado el entorno económico-financiero».

Mientras tanto, Bancaja también reconoce que la situación de la economía, lastrada por la evolución creciente de la morosidad y por la escasez de liquidez en los mercados internacionales «va a marcar las perspectivas de los próximos meses con tasas reducidas de crecimiento en volumen de negocio, y por tanto, con una evolución reducida de los márgenes de la cuenta de resultados».

CAM y Bancaja acumulan en el primer semestre del año activos dudosos por valor de 2.556 millones de euros (un 161% más que en 2017) -los activos clasificados en mora recogen las operaciones crediticias cuyo pago se retrasa más de tres meses-. La subida de estos fondos provisionados en las cuentas de resultados es espectacular en sólo un año. Bancaja tiene 1.532 millones clasificados en mora, mientras que hace un año el saldo de activos dudosos ascendía a 438,7 millones, lo que supone una subida interanual del 250%.

Por ello, ha aumentado las provisiones para cubrir el riesgo de los créditos morosos hasta los 1.714 millones de euros. En este mismo epígrafe y período, Caja Mediterráneo suma activos dudosos por 1.024 millones, un 90% más que en 2007, cuando su saldo de préstamos en mora era de 540 millones.
El ladrillo es el otro gran quebradero de cabeza para los gestores de las dos principales cajas de ahorros de la Comunidad Valenciana.Las agencias de calificación Moody's y Fitch han rebajado esta semana el «rating» de ambas entidades por su vulnerabilidad ante la crisis del mercado inmobiliario, sumándose así a las notas ya emitidas por Standar&Poor's (el «rating» es el índice utilizado para clasificar a las sociedades con arreglo a su solvencia financiera).

Pese a que Fitch reconoce la capacidad de la caja alicantina para afrontar posibles dificultades gracias a la fuerte red de oficinas, la saneada rentabilidad y unos niveles de capital razonables, la agencia considera excesiva su exposición al sector inmobiliario-construcción, ya que suponía el 29% de la cartera crediticia a finales de 2017.

Bancaja, por su parte, mantiene un peso en este segmento de alrededor del 20% del balance. En las cifras de las dos cajas se aprecia la factura que pasan el ajuste inmobiliario y el corte de liquidez de los mercados financieros, un escenario que suena a reto y con el que tendrán que seguir lidiando CAM y Bancaja al menos a corto y medio plazo.

Pérdidas por deterioro de activos. CAM y Bancaja acumularon pérdidas por este concepto por valor de 273 y 284 millones respectivamente en el primer semestre del año.
Créditos dudosos. Las dos entidades vieron cómo los créditos de dudoso cobro alcanzaron los 1.024 millones y 1.532 millones hasta junio.

Repunte de la morosidad. El índice de mora, que refleja el peso de los préstamos morosos sobre el total de créditos, creció hasta el 1,69% y el 1,82% en las dos cajas.
Índice de cobertura. La ratio que muestra el número de contratos necesarios para hacer efectiva la cobertura de una posición cayó al 50,6% en la caja alicantina y al 199,9% en la entidad valenciana.
Beneficios moderados. La CAM ganó 187 millones de euros en los seis primeros meses del año (un 7% más), y Bancaja obtuvo unos resultados de 230 millones (+8%).

24 diciembre 2016

Telefónica es el primer operador de Brasil

Después de tres meses de dura batalla, Telefónica consiguió ayer su objetivo y se convirtió en la primera empresa de telecomunicaciones de Brasil. La teleco española selló un acuerdo con Portugal Telecom para hacerse con el control del operador brasileño de móvil Vivo. El pacto no fue fácil. Telefónica tuvo que elevar por cuarta vez su oferta hasta 7.500 millones de euros para que el Gobierno luso levantase su veto a la operación.

El interés nacional que impedía al Gobierno luso autorizar la compra de Vivo por parte de Telefónica tenía un precio. La operadora española consiguió ayer su objetivo y firmó un acuerdo con PT para la compra del primer operador de telefonía móvil de Brasil. Pero, la empresa que preside César Alierta tuvo que volver a elevar su oferta en 350 millones de euros para que el primer ministro portugués, José Sócrates, pudiese justificar la retirada de su veto a la operación de cara a la opinión pública de su país.

La operación se cerró en la noche del martes, 10 días después de que Telefónica retirase la oferta por Vivo ante la falta de una respuesta de los portugueses, y fue aprobada en la mañana de ayer por los consejos de administración de ambas empresas.


Por la tarde, todos celebraron su victoria pírrica. El primer ministro portugués calificó de «excelente» el acuerdo alcanzado por PT, que también incluye su entrada en el capital de Oi, el cuarto operador de móvil de Brasil con el que Portugal podrá permanecer en ese mercado.

«Mereció la pena haber resistido a todas las presiones de los mercados financieros, a las presiones de los intereses más inmediatos, a las presiones de los que amenazaban con procesos judiciales, a las presiones de OPAs hostiles y en definitiva, haber resistido a las presiones de los que pensaban que se podía y debía hacer un negocio que limitaba a PT en su ambición internacional», argumentó el político socialista.

En sus propias palabras, el ejecutivo de Lisboa no dudará en volver a utilizar sus acciones de oro siempre y cuando sirvan para defender los intereses estratégicos de Portugal. Sus palabras llaman la atención, ya que el Tribunal Europeo de Justicia declaró ilegal su golden share en PT el pasado 8 de julio.

Pero, el Gobierno no fue el único que sacó pecho por la rentabilidad lograda por PT con la acción de oro. También el presidente ejecutivo de la compañía, Zeinal Bava, reconoció en una intervención a la prensa que el uso de la golden share por parte de Lisboa les había dado el tiempo necesario para mejorar la oferta de los 7.150 millones de euros que fue aprobada por abrumadora mayoría el pasado 30 de junio en una junta de accionistas y vetada por el Gobierno de Portugal.

En España, a pesar del alto precio pagado, el presidente de Telefónica, César Alierta, afirmó ayer en un comunicado sentirse «satisfecho» porque la compra de Vivo permitirá al grupo español convertirse en el líder de las telecomunicaciones de Brasil, el mercado más jugoso para el sector en Latinoamérica, con 69,2 millones de clientes.

En el entorno de Telefónica se restaba importancia a la cuarta y última subida de la oferta que la compañía ha tenido que hacer en tres meses, ya que ésta respondía más a una operación de maquillaje que a un incremento real.

Ante la insistencia de PT de cerrar la venta de su participación del 30% en Vivo por 7.500 millones de euros (cifra que supera la capitalización bursátil de PT), Telefónica eliminó algunos puntos de la letra pequeña de la oferta anterior.

Así, la española no pagará a PT (con la que controlaba a medias el 60% de Vivo a través del holding Brasilcel) un dividendo retenido en Brasil de 50 millones de euros, ni el dividendo correspondiente a las ganancias de los próximos tres años de la teleco brasileña, algo que sí contemplaba su anterior propuesta.

Además, la española pagará con un préstamo sindicado y dirigido por Citigroup en tres plazos a la lusa y ahora sólo desembolsará el 40% del total (4.500 millones de euros) con lo que prevé ahorrar otros 140 millones de euros en financiación. Después, abonará 1.000 millones el 31 de diciembre de este año y los últimos 2.000 millones en octubre de 2016.

Por último, Telefónica también ahorrará 150 millones de euros al eliminar del contrato la cláusula por la que tenía que devolver de forma inmediata a los portugueses su participación del 10% en PT.

La compañía vendió un 8% de ese paquete hace meses y según lo estipulado en la última oferta, ahora tenía que volver a comprarlo para cerrar la operación. La empresa española no volverá a tomar posiciones en la lusa y venderá el 2% restante de PT cuando las condiciones del mercado lo aconsejen.

No obstante, Bava insistió en vender ayer el final del culebrón empresarial como un win-win que satisface los intereses de todas las partes. Mientras que Sócrates pudo presumir ante los ciudadanos lusos de que «los administradores han sabido aprovechar ese tiempo para seguir negociando, sin fecha límite, en unas negociaciones que han sido exigentes, duras y difíciles».

Y es que en este periodo, el equipo de Bava ha podido cerrar su entrada en el brasileño Oi, al comprar el 22% de sus acciones por 3.750 millones de euros y garantizar «el proyecto empresarial a gran escala de PT» con el que Sócrates quiere crear el mayor grupo de telecomunicaciones en lengua portuguesa.

El líder del Partido Social Demócrata (PSD) y jefe de la oposición de Portugal, Pedro Passos Coelho, censuró ayer que el Gobierno portugués vetara la venta de la participación de Portugal Telecom en Vivo a Telefónica. En su opinión, «en Europa nadie puede tirar piedras a los vecinos». Coelho reprobó el uso de la acción de oro por parte del Gobierno luso el día en el que Portugal Telecom alcanzó un principio de acuerdo con Telefónica para venderle el 30% de la compañía brasileña. «Creo que Europa no gana, pierde, cuando los Estados utilizan mecanismos de esta naturaleza», remachó.

22 diciembre 2016

La Casa Real y sus austeras vacaciones

En la Bolsa de las vacaciones, España cotiza al alza en neveras playeras, bocadilos, acampadas y gorroneo familiar. El low cost hace estragos acorde a las cuentas corrientes, secas como el agosto por estrenar. Caen las bacanales de chiringuito y bajan las cinco estrellas en la cartera. La crisis. Siempre, la crisis. Mientras, Mallorca recupera -esta vez con propiedad- el calificativo de «isla de la Calma».

Su principal activo estival, la Corona, se mimetiza con el ahorro y anuncia perfil bajo. Las fotos llegarán con cuentagotas. El álbum 2017 de la Familia Real traerá escasos cromos nuevos y variados recortes. Los Borbones, como ya hicieran en 2016, han cambiado el descanso de profesores por el de currito medio. Julio ya es pasado y sólo Doña Sofía ha recalado en Marivent en visita privada. Todo está en manos de agosto. La llegada de los Reyes al aeródromo de Son Sant Joan también es historia, como las fotos en las que el ex presidente del Govern, Jaume Matas, y la presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar, les esperaban a pie de avión junto al resto de autoriades.

Hoy ambos forman parte del hervidero de procesos judiciales y corruptelas que calienta a Baleares. No habrá, esta vez, saludo en la pista. «No tiene ninguna relevancia», aseguran desde la Casa Real, porque Don Juan Carlos recibirá a los gobernantes locales el día 6 en el palacio de la Almudaina, prácticamente después de aterrizar en la isla.


A los recortes de la crisis, el Rey suma la recuperación de su operación pulmonar en el mes de mayo. Desde entonces, sus viajes se han limitado a la presidencia del Día de las Fuerzas Armadas en Badajoz y al festejo del Año Xacobeo en Santiago. No estuvo en Sudáfrica celebrando el triunfo de la selección española de fútbol y no participará en las regatas que llevan su nombre en Palma. La Copa del Rey de Vela Audi Mapfre se quedan sin el patrón del Bribón que, convaleciente, no se enfrentará al esfuerzo físico de las pruebas. «Que no regatee, no significa que no vaya a estar», puntualizan desde Marivent. Siempre hay lugar para unas imágenes a la caña del velero que satisfagan el interés mediático y publicitario de la cita. En 2009, ya sólo participó en una jornada y esta edición su presencia quizás se limite a la entrega de trofeos.

El debatido relevo de los Príncipes de Asturias se hará más patente en el Club Náutico, sede de la competición del 1 al 7 de agosto. El heredero se pondrá a la caña del CAM, aunque tampoco puede asegurar presencia toda la semana porque asistirá a la toma de posesión del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, prevista para el día 7.

La diáspora borbónica tras el divorcio de la Infanta Elena y la marcha de la Infanta Cristina a Washington dejará el verano sin posado familiar a las puertas de Marivent, imagen que no se repite desde 2017. La tradicional postal quedará en manos de la familia del Príncipe de Asturias, con Letizia como la más codiciada por los objetivos del cuore. Los veranos mallorquines son, cada vez más, de la princesa.

La crisis es la nueva bandera del Fortuna, el yate real, que pasará agosto oculto en el hangar de Porto Pi para ahorrar los 21.000 euros que cuesta llenar el depósito. La Somni, embarcación con la que se siguen las regatas, sale más barata y se presenta como sustituta. Sobre el rumbo del país, Don Juan Carlos charlará con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en los despachos previstos para los días 11 y 27 de agosto en Marivent, que acogerá a un 20% menos de personal de La Zarzuela.

La Familia Real despedirá con las autoridades unas vacaciones que, como los veranos mallorquines, se encuentran en recesión a la espera de que algún personaje de relumbrón revalorice las acciones de la isla. Mientras tanto, las revistas cazarán a los Príncipes con cesta de paja y nevera playera para consuelo de aquellos a los que la crisis ha dejado con un abanico en casa.

Después de la estancia de Bill Clinton, Mallorca no reeditará este verano la visita de un presidente norteamericano en activo, pero contará con su Primera Dama. La Casa Blanca, pese a los desmentidos, ha confirmado que Michelle Obama ha aceptado la invitación de los Reyes para acudir a Marivent durante su visita privada a Marbella, prevista entre el 4 y el 8 de agosto en compañía de su hija menor Sasha, de nueve años. La esposa del presidente se anuncia ya como el revulsivo informativo a un verano en crisis de personajes. El programa de su visita no está cerrado, pero si sigue el patrón habitual de Marivent con jefes de estado y realeza incluirá probablemente un almuerzo y un paseo en el 'Fortuna' para que conozca la costa de la isla.

Las relaciones entre España y Estados Unidos tienen varios antecedentes en los veranos mallorquines. En calidad de ex presidentes, visitaron a los Reyes Jimmy Carter y George Bush padre. Clinton revolucionó la isla con un puñado de cifras de vértigo en logística y cumplió su promesa de regresar. Lo hizo dos veces más, fascinado tanto con la arquitectura del Castillo de Bellver como con el paisaje isleño. Décadas antes, un joven Ted Kennedy tuvo que remar en mitad de la bahía cuando la modesta embarcación que había solicitado se quedó sin combustible. Richard Nixon aterrizó siendo vicepresidente de Eisenhower y le obsesionaba más que cualquier otra cosa poder bañarse en solitario. Una playa en la que nadie más nadara. Lo llevaron del aeródromo directamente al arenal de Illetes y la prensa de la época lo trató como «la máxima personalidad del mundo» que había llegado a la isla. La historia de los veranos mallorquines estaba por escribirse. 

20 diciembre 2016

Más morosidad y menos actividad

La crisis se agudiza y todo elemento que genere más gastos es prescindible. Es el caso de los coches, al menos en la ciudad de Valencia. Desde que comenzó la recesión económica, el parque móvil de la capital no deja de menguar a marchas forzadas. Lo refleja la calle, donde cada día se ven menos vehículos circulando, y los recibos del impuesto de Circulación que empezarán a cobrarse en periodo voluntario a partir del próximo 1 de septiembre, según explicó el concejal de Hacienda, Silvestre Senent.

Si en 2017 ya hubo un descenso considerable en el número de vehículos matriculados en el consistorio con respecto al año anterior, que pasaron de 491.190 a 487.351 (4.000 menos), este año la situación ha empeorado y la ciudad ha perdido prácticamente 10.000 coches y motocicletas. De hecho, el Ayuntamiento emitirá 477.684 recibos a partir del 1 de septiembre para ingresar 40 millones de euros.


Y es que, la caída de coches matriculados en la ciudad supone una nueva merma de los ingresos del consistorio, ya de por sí muy afectados por la caída de la recaudación de otros impuestos y tasas. De hecho, las arcas municipales ingresarán este año un millón menos que el anterior, ajustando más aún el presupuesto de cara al próximo ejercicio. Esta situación se produce pese a que tanto el Gobierno central como la Generalitat han incentivado la adquisición de vehículos con ayudas directas a la compra que pretendían rescatar al sector de la automoción, muy tocado desde la irrupción de la crisis. Con todo, no hay más coches y motocicletas en circulación sino todo lo contrario, la lista de vehículos cae día a día aligerando el tráfico en las calles y la recaudación del Ayuntamiento de Valencia. Este verano ha sido especialmente visible esta circunstancia, ya que la media de vehículos que transitaban por las principales avenidas de la ciudad ha bajado en alrededor de 2.000 coches diarios.

En alguna de ellas como las entradas y salidas de la ciudad esto se ha reflejado con más intensidad como consecuencia del incremento del número de desempleados. Y es que muchos de los que acudían a la ciudad a trabajar ahora no lo hacen o utilizan el transporte público para ahorrar gastos. Es una de las consecuencias de la recesión económica pero no la única puesto que la recaudación del Impuesto de Actividades Económicas también caerá cerca de un millón de euros por el descenso de los recibos. Este año sólo 9.500 empresas tendrán que afrontar esta tasa municipal al facturar más de un millón de euros anuales por las 10.000 que lo hicieron en 2016. El resto de sociedades están exentas de pagarla.

Los recibos que se enviarán para la recaudación del Impuesto de Actividades Económicas revelan que los negocios de la ciudad no atraviesan su mejor momento. La nómina de empresas que debían pagar este impuesto (aquellos que tienen ingresos por más de un millón de euros) en 2009 llegaba a las 10.000 pero este año sólo tendrán que hacerlo 9.500, con lo que la recaudación caerá en cerca de un millón de euros. Mientras, la morosidad en el cobro del resto de tasas municipales se acentúa como consecuencia de la precaria situación en la que se encuentran las familias valencianas. El año pasado el impuesto de circulación registró una de las tasas de morosidad más altas desde hacía más de una década, llegando al 20% de todos los recibos emitidos.